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MODULO 7: ÉTICA, DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DIFERENCIAL
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Escenario de caso clínico: El caso se encuentra centrado en un paciente de de 68 años diagnosticado con esquizofrenia paranoide en fase aguda, institucionalizado parcialmente debido a frecuentes episodios psicóticos y dificultades en el autocuidado. Su principal acudiente es su tía materna de 75 años, quien recibe la pensión del paciente y administra sus recursos económicos. La tía refiere que el dinero se utiliza para cubrir los gastos del hogar y algunos medicamentos del paciente, aunque no existen registros claros del manejo financiero. Durante la entrevista, se observa que el paciente presenta discurso desorganizado, ideas delirantes y desconfianza hacia su cuidadora, expresando que “ella se queda con su plata y no le compra todo lo que necesita”.
Análisis crítico desde los principios éticos
1. Autonomía: La autonomía del paciente se encuentra comprometida debido a su condición mental y las limitaciones cognitivas derivadas de la esquizofrenia aguda. Sin embargo, esto no justifica excluirlo totalmente de las decisiones sobre su vida y recursos. Éticamente, el profesional debe promover mecanismos de participación asistida, donde se le brinde información comprensible y se respete su derecho a ser escuchado. La falta de participación del paciente en el manejo de su pensión constituye una vulneración parcial de su autonomía.
2. Beneficencia: La tía actúa aparentemente con intención de cuidar y proteger al paciente, pero la administración unilateral de su pensión sin supervisión o transparencia puede generar daño, negligencia o abuso financiero. El profesional debe actuar desde la beneficencia, asegurando el bienestar del paciente y evitando daños derivados de relaciones de dependencia o desequilibrio de poder. Es éticamente necesario activar rutas de evaluación social o jurídica que protejan los intereses del paciente.
3. Justicia: Desde la justicia distributiva, el paciente tiene derecho a recibir los beneficios y apoyos que le corresponden como adulto mayor y persona con discapacidad psicosocial. Es injusto que sus recursos sean gestionados sin rendición de cuentas o sin priorizar sus necesidades básicas. El equipo interdisciplinario tiene la responsabilidad ética y profesional de garantizar equidad en el acceso a tratamientos, apoyos económicos y decisiones informadas.Enfoque diferencial: El enfoque diferencial exige reconocer las particularidades del paciente como adulto mayor y persona con discapacidad mental, entendiendo que su situación implica doble vulnerabilidad.
Reflexión crítica del profesional: El caso evidencia un dilema ético entre protección y autonomía. Si bien la tía actúa como cuidadora principal, el desequilibrio en la administración de los recursos plantea una situación de riesgo de abuso económico y vulneración de derechos. El profesional de la salud mental debe intervenir con sensibilidad ética, evitando juicios, pero promoviendo acciones de protección como:
• Desde el área de trabajo social efectuar verificación de uso de recursos.
• Sugerir la figura de curaduría o apoyo legal
• Incluir al paciente en decisiones sobre su dinero y tratamiento.Este caso refleja la necesidad de fortalecer la supervisión institucional, la educación a cuidadores y la promoción de decisiones compartidas, como pilares para una atención ética, justa y humanizada.
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El caso se enfoca en una adolescente de 14 años, diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión de moderada a severa intensidad, con episodios recurrentes de aislamiento social, ideación autolesiva y alteraciones del sueño. La paciente recibe atención psicológica en una institución de salud mental infantojuvenil, en modalidad ambulatoria intensiva.
Su principal acudiente es su abuela paterna de 67 años, quien tiene la custodia legal desde que la menor tenía 8 años, tras la pérdida de la custodia por parte de los padres. La abuela es también la receptora de un subsidio económico mensual destinado al cuidado de la menor, incluyendo alimentación, transporte y gastos médicos.
Durante la evaluación, la adolescente muestra apatía emocional, llanto fácil y un discurso que denota desconfianza hacia su cuidadora, afirmando que “mi abuela se queda con el dinero y a veces no me da para lo que necesito del colegio o mis medicamentos”. La abuela, por su parte, indica que los recursos se destinan a los gastos generales del hogar, pero no proporciona evidencia clara del uso de estos fondos.1. Autonomía
Aunque la paciente es menor de edad, tiene derecho a ser escuchada y participar en decisiones que afecten su vida, especialmente cuando se encuentra en capacidad de expresar sus deseos y percepciones. El hecho de que su voz no esté siendo considerada en el manejo de recursos destinados a su bienestar implica una vulneración de su autonomía progresiva. El rol del profesional debe ser garantizar que se implementen mecanismos de participación acorde a su edad y nivel de madurez, promoviendo una relación terapéutica basada en el respeto y la escucha activa.
2. Beneficencia
La abuela parece actuar con la intención de cuidar y proteger, pero la falta de transparencia en la gestión del subsidio económico puede derivar en negligencia o mal uso de los recursos, afectando directa o indirectamente el bienestar de la menor. El principio de beneficencia obliga al profesional a velar por la protección integral de la adolescente, activando mecanismos de evaluación social, intervención familiar o incluso rutas jurídicas si se identifica una situación de riesgo o posible abuso.
3. Justicia
Desde el principio de justicia distributiva, la adolescente tiene derecho a que los apoyos económicos que recibe el hogar sean empleados prioritariamente en función de sus necesidades básicas, su salud física y mental, y su desarrollo educativo. Administrar estos recursos sin rendición de cuentas constituye una injusticia, más aún si se invisibiliza la voz de la menor. El equipo interdisciplinario tiene el deber ético de garantizar el uso adecuado de los fondos, así como el acceso equitativo a los servicios de salud, educación y bienestar psicosocial.Desde la perspectiva de enfoque diferencial, el caso exige aplicar un enfoque diferencial con perspectiva de niñez y salud mental, reconociendo a la adolescente como sujeto de derechos y como persona en condición de vulnerabilidad psicosocial. Esto implica tener en cuenta su edad, historia de vida, y factores de riesgo asociados a su entorno familiar y socioeconómico.
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l abordaje del consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos asociados a la salud mental requiere una mirada ética, respetuosa y centrada en los derechos humanos. La intervención profesional no debe limitarse al tratamiento clínico, sino que debe reconocer la dignidad, autonomía y diversidad de las personas atendidas.
El enfoque diferencial permite adaptar las acciones de atención y prevención a las condiciones específicas de grupos poblacionales como mujeres, adolescentes, comunidades étnicas, personas privadas de la libertad o en situación de calle, garantizando equidad e inclusión.
Reflexionar sobre estos principios éticos y enfoques es clave para fortalecer prácticas profesionales sensibles, justas y transformadoras.
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